Mariné Nicola
Resumen
En este texto nos proponemos indagar en torno a las políticas de la memoria en Argentina y su relación con el cine documental, en particular centrar la mirada en el ámbito local, la provincia de Santa Fe y la producción fílmica documental en torno a los Juicios por la Verdad y la Justicia que se desarrollaron entre 2009 y 2010 en las ciudades de Rosario y de Santa Fe. Estos documentales representan el pasado desde imperativos del presente, sostenidos y propiciados por el Estado, en este caso el Estado provincial santafesino. Para estudiar esta temática consideramos como punto de inflexión –en el delineamiento de políticas culturales y de la memoria- la tarea encomendada por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe a cineastas y documentalistas para realizar el registro y la producción de films que representen las diferentes etapas, laberintos y complejidades afrontadas en los juicios orales y públicos a represores acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en el país.
Palabras clave
Políticas de la memoria, cine documental, juicios por delitos de lesa humanidad, derechos humanos.
Abstract
In this text we intend to study the politics of memory in Argentina and their relationship with documentary films. We aim to focus at the local level, the province of Santa Fe, and its documentary film production about the Trials for Truth and Justice that were held in 2009 and 2010 in the cities of Rosario and Santa Fe. These documentaries represent the past from imperatives of the present, supported and promoted by the State, in this case the provincial State of Santa Fe.
In order to study this issue, we consider the task entrusted by the Ministry of Innovation and Culture of the Province of Santa Fe to filmmakers and documentarians – to do the recording and production of films within the framework of cultural politics and memory-, to be a turning point. These films were expected to represent the different phases, mazes and complexities of oral and public trials of repressors indicted for crimes against humanity committed during the last military dictatorship in the country.
Keywords
Politics of memory, documentary filmmaking, trials for crimes against humanity, human rights.
Resumo
No presente texto nospropomosa indagar sobre as políticas de memória na Argentina e sua relação com o cinema documental, numa particular atenção a visão de âmbito localda Província de Santa Fe e a produção de documentários relativos aos Julgamentos pela Verdade e a Justiça que ocorreram entre 2009 e 2010 na cidade de Rosário e de Santa Fe. Estes documentários representam o passado desde imperativos do presente, sustentados e propiciados pelo Estado, no caso, o Estado provincial santafesino. Para estudar esta temática consideramos como ponto de inflexição –no delineamento de políticas culturais com a tarefa de trazer a memória- encomendada pelo Ministério de Inovação e Cultura da Província de Santa Fe a cineastase documentaristas para realizar o registro e a produção de filmes que representem as diferentes etapas, labirintos e complexidades afrontadas nos julgamentos orais e públicos a repressores acusados por crimes de lesa humanidade perpetrados durante a última ditadura civil-militar no país.
Palavras-chave
Políticas da memória, cine documental, julgamentos por crimes de lesahumanidade, direitos humanos.
Datos de la autora:
Especialista en Docencia Universitaria. Doctorando en Ciencias Sociales. CIECEHC- Centro de Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y Comunicacionales. FHUC- Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL- Universidad Nacional del Litoral. marinenicola@yahoo.com.ar
Fecha de recepción: 20 de abril de 2016
Fecha de aprobación: 6 de junio de 2016
Acercándonos al objeto en estudio
El presente trabajo supone un primer acercamiento en el análisis de las posibles relaciones entre políticas gubernamentales provinciales y la producción fílmica en torno a los primeros juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe[i], una problemática que se enmarca en un campo temático mucho más amplio que es imprescindible profundizar en el desarrollo de posteriores estudios. Es necesario explicitar que en esta oportunidad centraremos la mirada y nos abocaremos a lo que acontece en la jurisdicción provincial en relación a las políticas de la memoria, como constitutivas y fundamentales dentro de las políticas culturales provinciales, y su estrecha vinculación con la producción audiovisual. Este trabajo se enmarca en una investigación mayor, quedando como trabajo pendiente el estudio de las iniciativas gubernamentales en todo el territorio nacional y su relación con la producción audiovisual.
Como resultado de las políticas de la memoria en torno al registro y producción fílmica documental sobre los Juicios por la Verdad y la Justicia que se desarrollan en Santa Fe, se produjeron dos series de documentales, divididos en capítulos dirigidos por cineastas santafesinos y rosarinos. La primera serie de documentales denominada Los días del juicio (Pablo Romano, 2010) está compuesta por cuatro capítulos de 50 minutos que narran el desarrollo y el contexto del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se realizó entre el 31 de agosto de 2009 y el 15 de abril de 2010 en la ciudad de Rosario y que condenó a cinco represores a cadena perpetua[ii]. La segunda serie se titula Proyecciones de la memoria (Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto, 2011) y está compuesta por tres capítulos de 50 minutos, cada uno reúne imágenes y testimonios de la llamada “Causa Brusa”, primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se tramitó en la ciudad de Santa Fe entre septiembre y diciembre del año 2009[iii]. Cabe aclarar que no se hará aquí un análisis de las medidas judiciales ni el devenir de los juicios a los responsables de vejación y violación sistemática de los derechos humanos en Argentina entre 1976-1983 ni nos adentraremos en las particularidades de la representación audiovisual, aunque nos parece imprescindible hacer algunas aclaraciones al respecto para brindar mayores elementos que complejicen la temática y son la materia prima de las representaciones audiovisuales interés de nuestro estudio.
Para estudiar esta temática se recurre a los aportes de la teoría política, la historia social, la sociología de la cultura, desde una perspectiva multidisciplinar que nos permite abordar el análisis de estas representaciones audiovisuales y su intrínseca relación con el contexto de producción, las decisiones políticas que sustentan su realización y, al mismo tiempo, implican una forma de construir memoria.
Los documentales santafesinos como productos de políticas de la memoria
Cuando utilizamos la categoría políticas de la memoria nos referimos a la toma de decisiones del poder político y los gobernantes con respecto a temas relacionados a cuestiones del pasado, tarea que no carece de conflictos sobre todo considerando que la construcción de la memoria no está ajena a intereses y clivajes donde entran en debate qué es digno de ser recordado, quiénes se arrogan el derecho y son dignos de recordar, qué visión se impone en el juego memoria/ olvido sobre el pasado reciente[iv]. Según lo plantea Jon Elster (2006) estas políticas conjugan una serie de decisiones legislativas, administrativas y judiciales. Una política pública representa el intento por definir problemas y articular respuestas que pueden consistir en actuar o no hacer nada, por lo cual el análisis de las políticas exige la comprensión de factores de tipo histórico, social, económico, cultural, legal, pero especialmente, institucional. Por lo tanto, una política hacia el pasado debe contar con la gestión gubernamental sobre el manejo de las memorias en conflicto en el seno de la sociedad a través de la implementación de medidas políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales; la toma de decisiones tiene que funcionar en estos múltiples niveles y debe implicar la participación de diversos agentes y actores sociales.
En sociedades como las nuestras donde la implantación de un Estado burocrático autoritario (O´Donnell, 1982) y la aplicación del terrorismo de Estado ha diezmado y marcado profundamente a la sociedad, el consenso y aceptación de políticas en torno al pasado reciente es sumamente complejo, además estas políticas deben conllevar cierta reparación a las víctimas para lograr una coexistencia pacífica en una sociedad zanjada por las consecuencias del terror estatal, en la que además de existir un discurso oficial sobre ese pasado puedan convivir otras memorias sin producir un peligro a la estabilidad institucional. Por lo tanto, estas políticas deben ser garantistas, para proteger un derecho, estimular su ejercicio y buscar consolidar el sistema democrático.
Como bien lo define Solís Delgadillo (2011) las políticas de la memoria son de esta manera un conjunto de medidas políticas instrumentadas desde el Estado tendientes a interpretar el pasado y reparar a sus víctimas. Sin embargo, lo que está en juego en las políticas de la memoria no es el pasado sino el presente, y la capacidad que se tenga para integrar a ambos en el aquí y ahora como realidad de la que sea posible hablar.
Siguiendo el planteo de este autor es que sostenemos que las políticas de la memoria vinculadas a los problemas irresueltos del pasado de aquellos países donde se implantó el terrorismo de Estado en etapas recientes de la historia, se pueden dividir en tres tipos: simbólicas, son todas aquellas medidas destinadas a resarcir la memoria de las víctimas y la de sus familias, aunque van dirigidas al conjunto de la sociedad, a través de recordatorios en el espacio público que se traducen en monumentos, plazas, nombres de calles, museos y todas aquellas expresiones que a través del arte se enlazan para mantener viva la memoria colectiva, pero también a través de la difusión educativa de los derechos humanos; de reparación, son medidas reservadas para indemnizar a las víctimas directas y a sus familiares, hasta cierto grado de afinidad, y se pueden subdividir en dos categorías, económicas (retribución a través de transferencias económicas directas) o prestacionales (compensación por medio de la exención de pago de determinados servicios públicos y creación de programas específicos para su beneficio); y por último –aunque no menos importantes- las políticas de justicia, son aquellas que están encaminadas a establecer la verdad de los hechos y a crear las condiciones propicias para juzgar y castigar bajo un debido proceso, a los responsables de cometer crímenes políticos o de lesa humanidad bajo el auspicio de un régimen autoritario.
Analizando someramente las políticas implementadas por el Estado provincial santafesino vemos que hay cierta preocupación y preeminencia de políticas de la memoria que oscilan entre políticas de reparación de carácter económicas (pensiones); políticas de justicia (juicios) y políticas simbólicas. En esta última variante de políticas es donde encontramos la estrecha imbricación entre políticas de la memoria y políticas culturales. Por un lado, la creación y puesta en funcionamiento del Centro Popular de la Memoria donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención para constituirlo como un lugar de memoria (Nora, 1983-1994); por otro, el apoyo a través de convocatorias públicas y financiamiento para la producción de audiovisuales que representen y vehiculicen lo que sucede en el marco de las instancias judiciales en el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad (estos juicios además se transmitieron de manera directa por internet [v] y en pantallas en los alrededores de los juzgados federales y plazas públicas aledañas).
Es en tal sentido que consideramos las políticas culturales estrechamente vinculadas a la construcción de memoria, y en cierta medida, muchas veces las políticas de la memoria y las culturales van de la mano, ante ello en esta oportunidad tenemos el interés por analizar un aspecto relacionado a las políticas culturales que hace referencia a la producción audiovisual, específicamente cine documental. El investigador argentino Gustavo Aprea (2008) ha realizado un trabajo interesante al respecto donde analiza las continuidades y discontinuidades en la relación cine y política en Argentina desde 1983 a 2008, considerando al cine como un constructor de identidades y, personalmente agregaría, memorias, desempeñando un papel fundamental en defensa de la democracia y llevando adelante una exhaustiva crítica social. En palabras de Aprea “…la producción fílmica de los últimos años adquirió –muchas veces más allá de las intenciones de sus autores- una dimensión política que la distanció de la de otros momentos históricos y la distinguió de otras cinematografías contemporáneas.” (Aprea, 2008. Pág. 9). Esta comparación se piensa sobre todo en relación a la estrecha imbricación entre política y cine que se dio en la década de los ´70 con las producciones de Raymundo Gleyzer y Cine de la Base y Fernando Solanas con Octavio Getino y su Grupo Cine Liberación, etapa y producciones ampliamente estudiadas desde múltiples enfoques y por diversos cientistas sociales.
En los últimos años encontramos trabajos académicos que abordan el análisis de las posibles relaciones entre cine y memoria, en tal caso es pertinente mencionar el reciente trabajo de Gustavo Aprea (2015) que incursiona en los procesos de construcción de las memorias colectivas e individuales en torno al pasado reciente argentino y el lugar importante que ocupa el cine en relación a ello. En palabras del autor, “…los relatos audiovisuales como el cine poseen cualidades que los convierten en vehículos idóneos para la creación de recuerdos que sostienen memorias colectivas nacionales, de clase, étnicas, de género, etc. Al mismo tiempo que permiten la transmisión y conservación de imágenes de un pasado socialmente compartido, realizan las interpretaciones sobre las que se soportan nuestras identidades sociales” (Aprea, 2015. Pág. 18). En tal sentido se manifiesta que a partir de la recuperación democrática los films de ficción fueron los primeros en acercarse a la temática y que durante la década de los ´90 comenzaron a proliferar documentales centrados en la recuperación de relatos en torno a la militancia de los años sesenta, desempeñando un rol destacado en los debates en torno a la historia reciente. Se denomina a estos films como documentales de memoria, que se caracterizan por organizarse como narraciones que reconstruyen e interpretan el pasado utilizando los testimonios de personajes que vivieron o sufrieron el momento histórico que se recuerda. En estos films no sólo es importante lo que se recuerda sino también el acto de recordar, tienen un efecto testimonial que habla sobre la manera que un período histórico es reconstruido y reinterpretado en otro contexto socio-histórico diferente, o sea expresan el modo como la sociedad piensa su pasado y se piensa a sí misma. Se vuelve a considerar en estos estudios a los productos de los lenguajes audiovisuales como agentes en los procesos de construcción de las memorias sociales contemporáneas y como fuentes para el estudio sistemático de la historia.
En un compás similar, contamos con estudios compilados por Lior Zylberman en el Dossier Memoria y Cine Documental en América Latina publicado en la Revista Cine Documental N°5 (2012), donde desde múltiples ópticas y a partir del análisis de diversos films, los autores abordan la problematización y análisis de la relación entre imagen y memoria, intentando desnaturalizar la idea comúnmente compartida de implicación directa entre cine y memoria. Algunos textos tratan las narrativas audiovisuales como soportes de la memoria y de las prácticas sociales (Bravi, 2012); otros buscan deconstruir esta idea para dar paso a una relación más compleja y menos lineal donde intervienen los espectadores, el contrato que el film establece con el espectador, la imaginación, las significaciones latentes en los films (Zylberman, 2012), en tanto otros artículos se sumergen en el análisis de films subjetivos y la incorporación de fotografías como forma de hacer presente, de restituir lo ausente (De Hauwere, 2012), en otros escritos, se analizan los films a partir de las categorías de cine de memoria y memoria en imágenes (Ciancio, 2012). A partir de este breve relevo de investigaciones recientes, podemos afirmar que el campo de estudios en torno a cine y memoria del pasado reciente argentino se encuentro en pleno proceso de crecimiento y diversificación de estudios, para lo cual nuestro trabajo pretende aportar una perspectiva diferente, al mismo tiempo que complementaria.
La cinematografía documental de los últimos 20 años en nuestro país ha tenido como eje central de sus producciones la preocupación por la reconstrucción del pasado reciente y debates sobre las transformaciones profundas que se produjeron en nuestra sociedad durante las últimas décadas como resultado de la aplicación y profundización de políticas neoliberales. Ante ello, el auge de producciones de cine documental con la formación y proliferación desde inicios de la década del ´90 de múltiples y diversos grupos que se abocan a producir cine social y político, trabajando colectivamente y cuyas producciones son político-militantes en las cuales el objetivo está puesto más en la transformación política y social, que sobre lo estrictamente cinematográfico y estético (De la Puente y Russo, 2007). Esta tendencia se agudiza aún más con la crisis económica y política del 2001 y la creciente crítica, resistencia social, popular y masiva que se extendió por todo el país hacia el modelo neoliberal y sus consecuencias socioeconómicas en amplias capas de la población. Por lo que es interesante analizar y problematizar la cuestión de la representación de la realidad (Nichols, 1997) en las producciones documentales.
Pero en el caso santafesino, particularmente en relación a los audiovisuales objetos de nuestro análisis, constatamos la “intromisión” del Estado como agente propulsor de políticas culturales en la producción audiovisual, convocando, sosteniendo y financiando la realización y producción de materiales audiovisuales sobre los juicios de delitos de lesa humanidad en desarrollo en el marco del territorio provincial.
Adentrándonos en la relación política/ memoria a través del caso de Santa Fe
Tal vez sea necesario hacer un ejercicio de memoria selectiva, narrativa, para recordar cómo se desarrollaron algunos procesos y acontecimientos a partir de la llegada de la democracia al país y comprender la relevancia histórica que tienen los Juicios por la Verdad que se están desarrollando desde 1998 en la Cámara Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires. Estos primeros juicios fueron procedimientos de investigación sin efectos penales y se realizaron para averiguar qué pasó con los desaparecidos en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar y descubrir quiénes fueron los responsables del genocidio durante esa época. Con el transcurso del tiempo varios fiscales federales argentinos adoptaron esta estrategia para reanudar investigaciones sobre el terrorismo de Estado cuando la vía judicial ya se había cerrado con la sanción de las leyes exculpatorias de “Punto Final”[vi], “Obediencia Debida”[vii] y los decretos presidenciales de “Indulto”[viii] a los condenados en los Juicios a la Juntas en 1985[ix]. Legalmente estas acciones de los fiscales tenían escaso sustento y su efecto práctico era nulo porque no conducían a la imputación y juzgamiento de los represores, pero las pruebas reunidas resultarían de principal importancia luego del 2003 cuando estas leyes exculpatorias son anuladas por el Congreso Nacional Argentino y dicha anulación es convalidada por la Corte Suprema de Justicia que las declaró inconstitucionales el 14 de junio de 2005. Es a partir de allí que se rehabilita la posibilidad de persecución judicial de los crímenes de Estado y en 2006 tiene lugar la sentencia en la causa contra Miguel Etchecolatz, ex Comisario General de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los primeros en ir al banquillo de los acusados tras la anulación de las denominadas “leyes de impunidad”.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la nación en 2003, se anuncia que su programa en relación al pasado reciente argentino se sustentará en “Memoria, Verdad y Justicia”, seguido en sus dos primeras semanas de gobierno con la remoción de la cúpula de las Fuerzas Armadas y la promoción del juicio político a la “mayoría automática” de la Corte, sus objetivos eran echar luces sobre los delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En relación a ello, según diversos informes, el balance de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad es elocuente. En declaraciones Martín Fresneda –Secretario de Derechos Humanos de la Nación desde mayo de 2012 a diciembre de 2015- expresa que “…hubo más de mil procesados y 521 condenados, consigna que hasta finales de 2012 hubo 354 condenas y 34 absoluciones, cifras demostrativas de un verdadero proceso de justicia, con respeto por las debidas garantías, de modo que nadie sea condenado sin pruebas” (Serafini, 2014; online).
En el transcurso de 2014, al conmemorarse el 38 aniversario del golpe de Estado, se encuentra este proceso en pleno desarrollo, se hallan en marcha más de una decena de juicios por delitos de lesa humanidad en nueve jurisdicciones (Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Paraná, entre otros)[x], también en algunos de ellos comenzaron a ser juzgados civiles participantes de la dictadura, como en el juicio de Mendoza en el que están imputados los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret o el caso de Santa Fe donde fue condenado Víctor Brusa por su participación siendo secretario de un juzgado federal en la ciudad de Santa Fe. En ese balance cabe consignar además la recuperación de su identidad de 119 hijos de detenidos-desaparecidos (con los últimos casos de Ignacio Hurban/ Ignacio Guido Montoya Carlotto, Jorge Castro Rubel y la nieta recuperada número 117, nieta de María Domínguez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, entre otros) y el mejoramiento del sistema de búsqueda a partir del Banco Nacional de Datos Genéticos, como así también la señalización de cientos de “sitios de la memoria” a lo largo de todo el país, con la colocación de “baldosas” señalizando lugares de secuestro, detención y desaparición de personas.
En un trabajo de investigadoras santafesinas del año 2002 sobre los procesos de construcción de memoria en nuestra ciudad en relación a esta etapa de nuestra historia, se sostiene que en Santa Fe hasta inicios del presente siglo, la memoria que se construye desde las instituciones gubernamentales está cargada de estrategias conmemorativas que invocan el recuerdo para provocar, de hecho, el olvido. Placas recordatorias, murales, monumentos en homenajes a los desaparecidos frenan la participación y el pensamiento crítico con respecto al pasado reciente. La memoria oficial imperante, expresada en la teoría de los dos demonios, de la guerra sucia y en los llamados a la reconciliación, está sustentada en la impunidad de los torturadores y genocidas que logran ocupar cargos en los gobiernos democráticos o continúan ascendiendo en sus funciones (González- Tell, 2002).
En tanto, diversos estudios más recientes que analizan el devenir de la lucha de los organismos de derechos humanos en Argentina para establecer un régimen de verdad sobre lo sucedido durante la última dictadura militar en el país y terminar con la impunidad de los represores, analizan cómo diferentes organismos y esferas estatales van apropiándose de los reclamos e imperativos sostenidos por estas organizaciones no gubernamentales y movilizaciones civiles que tienen como objetivos verdad, memoria y justicia (Alonso, 2011). Esta tendencia se profundiza con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia quien se presenta “…como representante de una generación golpeada por el terror militar y promovió diversas iniciativas para generar memorias críticas sobre la represión y las conductas mayoritarias de la sociedad argentina durante la década de 1970…” ( Alonso, 2009. Pág. 31), de esta manera se comienza a dar lugar a un nueva configuración imaginaria que apuntala la reactivación de la vía judicial para esclarecimiento y condena de los responsables y cómplices para/con los diferentes mandos militares.
Al mismo tiempo, la idea relacionada a la teoría de los dos demonios comienza a entrar en crisis dejando de ser una visión hegemónica sostenida por el Estado como política de la memoria. Según el investigador Luciano Alonso, esto puede ser leído como una tendencia de conjunto en relación al papel del Estado y los reclamos de los organismos de derechos humanos donde convergen procesos de normalización e institucionalización de estos reclamos del movimiento argentino por los derechos humanos
…Normalización en tanto intento de inscripción de esas demandas en la normalidad política, ajustándolas a reglas propias del Estado de derecho –lo que conllevó reiteradas tensiones al pretender el tratamiento de acontecimientos excepcionales con las tipificaciones de la legalidad republicana ordinaria. Institucionalización, porque supuso la canalización e incluso reorientación de las demandas por diversas agencias gubernamentales, asumiendo modos de relación sociopolítica concretos y estables garantizados por la estructura de la dominación estatal (Alonso, 2009: 31).
Estas ideas nos conducen a reflexionar sobre la imbricación entre política y memoria; qué estrategias o mecanismos se ponen en funcionamiento desde la sociedad y el Estado para construir memoria sobre el pasado reciente; cómo el Estado termina cooptando manifestaciones de la sociedad civil y las hace propias en el proceso de selección y reselección del pasado como estrategias del recuerdo.
Si nos adentramos en el tema de las políticas de la memoria en relación al pasado reciente argentino, podemos constatar que desde la recuperación de la democracia a nuestros días han tenido diferentes formas y ritmos dispares según los gobernantes de turno[xi]. En este sentido, es necesario realizar un racconto de las diversas medidas y acciones emprendidas desde el Estado y las esferas de poder político para impulsar la construcción de la memoria del pasado reciente a partir de acuerdos, consensos y disputas en torno a aquello digno de ser recordado por la sociedad, aunque ello excede este trabajo es una cuestión que necesita ser abordada en profundidad en posteriores estudios. Para ello hay que centrar la mirada en la selección, creación, ejecución e implementación de “lugares de memoria” (Nora, 1984-1993), sean éstos fechas conmemorativas, feriados, museos, informes, libros, películas y films, decretos y leyes que tomen posicionamiento e instauren en el seno de la sociedad un debate público y exijan una lectura del pasado reciente en el proceso de construcción y reconstrucción de la memoria social. Por tanto, una de las primeras cuestiones que debe ser abordada es el tema de la memoria como política pública.
Para ello focalizaremos en lo que sucede en el Estado provincial desde el año 2007 hasta nuestro presente histórico, cómo han ido cambiando, mutando o resignificándose diferentes políticas públicas orientadas al campo cultural y de la construcción de la memoria. El objetivo es poder dilucidar cambios, continuidades y rupturas en relación al papel del Estado provincial en el delineamiento de políticas de memoria, entrecruzando contextos y realidades particulares según el ámbito, el tiempo y el espacio en que coloquemos la mirada.
Consideramos que el caso de la provincia de Santa Fe en relación a las políticas culturales y de la memoria en torno al pasado reciente de los argentinos, es emblemático en un doble sentido. Por un lado, en el territorio provincial se tramitan de forma constante y sostenida desde el año 2009 los Juicios por la Verdad y la Justicia. Estos procesos judiciales llevados adelante por delitos de lesa humanidad implican la actuación de testigos, querellantes y abogados patrocinantes que han bregado desde la recuperación de la democracia en el año 1983 hasta nuestros días por la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado[xii]. En tal sentido, cabe mencionar que estos juicios continúan en desarrollo en la provincia juzgando a civiles y militares acusados de delitos de homicidio, allanamiento ilegal, torturas y supresión de identidad de menores[xiii].
Desde el año 2003 tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se reabren las causas por delitos de lesa humanidad en el territorio provincial al igual que sucede en todo el país. El primer juicio que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe fue el caratulado causa “Brusa, Víctor y otros”, entre septiembre y diciembre de 2009 y derivó en la condena de un juez federal, y cinco ex policías a condenas que van entre 19 y 23 años de prisión efectiva en cárceles comunes. En tanto en la ciudad de Rosario, en abril del 2010 se condena a prisión perpetua a miembros de las fuerzas armadas y agentes civiles que colaboraron con ellos en el marco del territorio provincial durante la última dictadura cívico-militar.
Por otro lado, es digno de remarcar la decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de convocar a documentalistas, realizadores, colectivos de realizadores para producir materiales audiovisuales a partir del material que surgía de los procesos judiciales y su transcendencia, ya que se están juzgando y condenando delitos imprescriptibles cometidos en el marco del terrorismo de Estado a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. En tal sentido, se debe considerar como punto de inflexión –en el delineamiento de políticas culturales y de la memoria- la tarea encomendada por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe a cineastas y documentalistas para realizar el registro y la producción de films que representan las diferentes etapas, laberintos y complejidades afrontadas en los juicios orales y públicos a represores acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en el país.
Desde el 2009 a la fecha han tenido sentencia firme varias causas por delitos de lesa humanidad en el marco del territorio provincial, al mismo tiempo el gobierno provincial ha instrumentado una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la justicia a través del Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes[xiv]; preservación y recuperación de espacios como sitios de la memoria, es el caso del edificio donde funcionaba el ex Servicio de Informaciones de Rosario, en ese lugar durante la última dictadura cívico militar funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes de la provincia[xv]; la creación del Archivo Provincial de la Memoria[xvi]; dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona un Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad[xvii]; se desarrollan campañas informativas y de difusión en colaboración con la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas[xviii]; mediante Ley Provincial N°13330 se otorga una pensión para madres de hijos que hayan sido asesinados o se encuentren en situación de desaparición forzada como víctimas del terrorismo de Estado[xix]; aprobación de la ley provincial de pensión para presos políticos, gremiales o estudiantiles víctimas del terrorismo de Estado[xx]; acompañamiento a las Madres de Plaza de Mayo en la búsqueda y restitución de niños apropiados durante la última dictadura militar[xxi]. Se mencionan estas iniciativas desarrolladas por el Estado provincial a manera de ejemplos relacionados a diversas políticas destinadas a la búsqueda, reparación, memoria y justicia en torno al pasado reciente aunque no profundizaremos en ello.
Es necesario considerar este emprendimiento cultural para producir audiovisuales sobre los juicios en Santa Fe en estrecha imbricación con políticas públicas de la memoria sostenidas por el Estado nacional y provincial en relación a la historia reciente, por lo que es imprescindible analizar, cómo la producción de estos audiovisuales nos conducen al análisis de fluidas interconexiones entre contextos socio-históricos diversos donde convergen y disputan las memorias. Nos permiten adentrarnos en la problemática de la representación, centrando la atención en la representación fílmica documental en tanto estrategia de preservación, salvataje, divulgación y conocimiento del pasado.
La llegada del Dr. Hermes Binner y el Frente Progresista Cívico y Social[xxii] a la gobernación de la provincia de Santa Fe en el año 2007 supuso un recambio político, ya que hasta esa fecha –y desde la recuperación de la democracia en 1983- la provincia estuvo gobernada por diferentes facciones del Partido Justicialista. Con el inicio de este nuevo ciclo de gobierno se reestructura y modifica la organización del Estado provincial al mismo tiempo que se profundiza el delineamiento y concreción de políticas públicas y culturales estrechamente vinculadas a las demandas de diversos sectores sociales.
En cuanto a políticas culturales provinciales es necesario remarcar que entre el 2009 y 2010 toma forma una iniciativa conjunta de la Secretaría de Producciones e Industrias Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura y la Secretaría de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, y se desarrolla el “Programa Señal Santa Fe” dedicado a la producción de contenidos audiovisuales con el objetivo de poner en común la memoria, la historia y la cultura santafesina. Según se expresa en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, “El Programa Señal Santa Fe tiene como objetivo primordial lograr un espacio de creación audiovisual y participación ciudadana dedicado a generar contenidos de televisión cultural en el que se multiplican las imágenes, las voces, el trabajo y los anhelos de todos los santafesinos”[xxiii]. Desde mediados del 2011 se emite una franja de programación diaria de “Señal Santa Fe” que se distribuye por satélite en más de 70 canales de cable de la provincia, la franja presenta producciones originales propias y también producciones realizadas en toda Iberoamérica[xxiv]. A partir de la firma de diferentes convenios con redes de cableoperadores y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA), desde septiembre de 2012 la programación de “Señal Santa Fe” llega a localidades de todo el país a través de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor) y el canal Conexión Educativa, algunos de sus programas también son emitidos por canales de la Televisión digital abierta de Argentina (TDA).[xxv]
Nos interesa analizar el rol del Estado como actor que interviene, crea y fomenta la producción de materiales audiovisuales documentales que realizan una relectura de la historia reciente e intervienen en el complejo proceso de rescatar las memorias. Es necesario considerar el papel fundamental que cumple el cine en este proceso de construcción de la memoria, sobre todo si tenemos en cuenta que desde comienzos de la décadas de los `90 hasta nuestros días, podemos visualizar un amplio espectro de documentales políticos, antropológicos, testimoniales, subjetivos[xxvi] que representan la última dictadura cívico-militar argentina desde distintos lentes y miradas, estableciendo y problematizando continuas relaciones pasado-presente en el proceso de construcción de la memoria. La particularidad de los audiovisuales aquí seleccionados está dada por la implicancia directa del Estado provincial en tanto agente promotor para su realización en conjunción con colectivos de documentalistas y realizadores independientes.
Como mencionamos anteriormente, el resultado de estas políticas culturales es la producción de dos series de capítulos para televisión (mediometrajes). La primera serie de documentales es Los días del juicio (Pablo Romano, 2010), donde se exhiben las imágenes de la sala de audiencias, el relato de los testigos y el trabajo de jueces, abogados y fiscales en la ciudad de Rosario. Al mismo tiempo que refleja el acompañamiento que los familiares y sobrevivientes hicieron durante todo el juicio en la puerta del Tribunal. La segunda serie titulada Proyecciones de la memoria (Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto, 2011) nos acerca imágenes y testimonios de la llamada “Causa Brusa” que –después de más de treinta años de espera- se llevó a juicio y se logró sentenciar a los imputados al demostrarse la ilegalidad de los actos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado en la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas. Además de registrar la historia de cinco mujeres que luego de treinta años lograron cerrar un ciclo de impunidad con una condena que marca una nueva etapa en materia de memoria, verdad y justicia en la sociedad santafesina, se contempla también, el contexto histórico y las características del juicio a través de las figuras de testigos, los abogados de la querella, los fiscales, el tribunal y los abogados defensores.[xxvii]
Relación cine/ representación y memoria en los audiovisuales santafesinos
El interrogante que se nos plantea es cómo representan los juicios y qué memorias sobre el pasado reciente construyen los films santafesinos, productos culturales resultado de políticas de la memoria sostenidas y desarrolladas por el estado provincial santafesino.
Al analizar los elementos constitutivos de estas representaciones audiovisuales podemos precisar que ambas series de documentales presentan una apuesta estética que combina imágenes de las salas de audiencia, es decir el interior de los recintos donde se desarrollan los juicios y las repercusiones del desarrollo de estos juicios en la calle, los testigos, querellantes, fiscales y abogados fuera del recinto en entrevistas o charlas abiertas en el ámbito de sus oficinas o departamentos, la cobertura periodística y su transmisión en los medios de comunicación locales a través de canales de acceso abierto de las ciudades de Santa Fe y Rosario. En tal sentido, el investigador Lior Zylberman trabaja la sensación de continuidad e implicación mutua entre los sucesos que se dan en la sala de audiencias y la vida cotidiana de los santafesinos que transcurre por fuera de ese espacio físico delimitado, “…la relación entre el afuera y el adentro; entre lo que sucede durante el juicio en la sala y en su exterior, como también cómo las acciones del exterior repercuten en el interior” (Zylberman, 2015. Pág. 19). Uno de los rasgos identificatorios de estas producciones está dada por la forma de abordaje del tema y su representación, no se limitan a registrar lo que sucede en el marco de la sala de audiencias de los juicios sino que hay un análisis en torno a las implicancias, al significado que tiene para la sociedad civil en su conjunto el desarrollo de estos procesos y la posibilidad efectiva de condena a los responsables. En tal sentido, la estructura narrativa no es lineal, sino que coloca al espectador en un estado de implicación y problematización constante ante la necesidad de tener que poner en relación/ tensión diversos elementos, imágenes y discursos que aparecen a lo largo de los films. Hay superposición de tiempos: pasado/ presente/ futuro; de territorios: sitios conocidos y familiares/ centros clandestinos de detención/ identificación de lugares de tortura; de espacios: dentro de la sala de audiencias (recinto del juzgado)/ lugares públicos (calle y plaza)/ vida cotidiana de los actores sociales implicados en estos procesos judiciales.
En tal sentido, Pablo Romano en Los días del juicio (Pablo Romano, 2010) combina diferentes elementos en la composición fílmica: superposición de imágenes con audio de voz en off que relata para el espectador; testimonios o entrevistas; intertítulos sobreimpresos en la pantalla que identifican quién está hablando (dotándolo de nombre, de identidad) y cuál es su situación en relación al juicio (querellante, acusado, fiscal, juez, abogado defensor) al mismo tiempo que marca la cantidad de días transcurridos antes o después de la sentencia (como ubicación temporal, ya que la narración no es cronológicamente lineal); imágenes captadas por la cámara dentro y fuera del recinto de audiencias, fotografías, música y audio ambiente de marchas y testimonios; imágenes captadas por las cámaras dispuestas en la sala de audiencias. A partir de estos elementos Romano construye un texto fílmico, que por momentos da la sensación que la cámara es un mero testigo de los acontecimientos que se suceden delante de su lente, como un observador sin participación, propio de una representación de observación donde no hay intervención del realizador (Nichols, 1997). Este tipo de textos se caracterizan por el trato indirecto, por el discurso oído por casualidad más que escuchado, ya que los actores sociales se comunican entre ellos en vez de hablar a la cámara. Este tipo de películas ceden el “control” a los sucesos que se desarrollan delante de la cámara utilizando sonidos e imágenes que se registran en el mismo momento de la filmación, permitiendo observar las actividades de otros con una sensación de acceso sin trabas ni mediaciones. Esto sucede en múltiples fragmentos de los distintos capítulos, ya sea cuando los querellantes hablan con sus abogados; o los militantes de HIJOS –agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio- organizan actividades como volanteadas y la kermes de vigilia la noche anterior a la sentencia; o los abogados preparando sus alegatos, coordinando telefónicamente las acciones a seguir; o en los momentos de reconocimiento de lugares de detención por parte de los querellantes; o acompañando a uno de los acusados en su casa en los preparativos para concurrir a las audiencias del juicio. Registros en tiempo real, con audio y sonido ambiente, captando conversaciones, diálogos casi como “oídos por casualidad”. Pero en cada uno de los cuatro capítulos el director tiene una intención clara, existe un argumento en torno a lo representado, hay una voz de autoridad que estructura los films, utiliza entrevistas pero éstas quedan subordinados a la argumentación ofrecida por la propia película, la representación es predominantemente expositiva y la voz de autoridad es la argumentación textual del film (Nichols, 1997).
En el primer capítulo aborda el juicio, sus características inéditas al juzgarse delitos de lesa humanidad en juzgados federales argentinos reconociendo la existencia de un Estado terrorista y se presenta a los actores sociales implicados en el juicio (acusados, querellantes, abogados, jueces, fiscales, militantes de los Organismos de Derechos Humanos, periodistas); el segundo capítulo se centra en la persona de Ramón Verón (querellante) quien fue detenido en 1978 junto a su compañera que aún sigue desaparecida, a lo largo de los 50 minutos de este capítulo la cámara acompaña a Verón en diferentes momentos: cuando presta declaración, en su taller de soldadura trabajando, en su casa con sus recuerdos, en los viajes hacia el tribunal, en marchas en conmemoración del 24 de marzo, con sus abogadas especulando en torno a las posibles condenas; el capítulo tres centra la mirada en Eduardo Rodolfo Constanzo (acusado), quien participó manejando los autos en los operativos que se desarrollaban desde el Destacamento de Inteligencia 121 del 2° Cuerpo del Ejército Argentino con base en la ciudad de Rosario, la particularidad es que Constanzo es el único en el “banquillo de los acusados” que admite participación y testifica en torno a las acciones y sucesos ocurridos entre 1976 y 1983, identifica a los otros acusados como los responsables y quienes dictaban las órdenes, relata situaciones y ubica a personas desaparecidas en diferentes lugares de detención clandestina, obviamente desvinculándose de toda responsabilidad individual y arguyendo que él era un simple chofer; el cuarto y último capítulo aborda el tema de la restitución de identidad de los bebes expropiados, en este caso se centra la atención en Sabrina Gulino –hija de padres desaparecidos- nació en el Hospital Militar de Paraná (ciudad capital de la provincia de Entre Ríos), su madre dio a luz a mellizos estando detenida ilegalmente y sus secuestradores dejaron abandonada a la niña en las escalinatas de un Hogar de Huérfanos en la ciudad de Rosario.
Esta serie de capítulos realizados por Romano, nos trae al presente el rol de la militancia, la posibilidad de considerar a los detenidos desaparecidos como militantes de diferentes partidos políticos, agrupaciones y organizaciones sindicales con claras posiciones político-ideológicas. Este es un tema que siempre se intenta soslayar o minimizar en diferentes representaciones audiovisuales sobre los detenidos desaparecidos, como estrategia discursiva para presentarlos como “mártires”, carentes de deseos, acciones y decisiones, como si no fuese lo suficientemente terrible la imposición de un Estado terrorista que persigue, desaparece y mata a sus ciudadanos desproveyéndolos de todos los derechos y garantías en los cuales deberían estar amparados. En estos films se reconoce el lugar del militante, se les devuelve las ideologías e ideas por las que lucharon, se les da entidad, se les otorga rostro en el preciso instante en que los sobrevivientes pueden ofrecer testimonios frente al tribunal y las cámaras los filman, captando sus rasgos, gestos, expresiones, silencios, cavilaciones.
En el último capítulo de esta serie, podemos entender el camino recorrido por muchos jóvenes que luchan por conocer y recuperar su identidad robada, el camino transitado por sus abuelas que hace casi cuatro décadas los están buscando. De esta manera se reactualiza la necesidad de reparación ante el daño causado, no sólo a las víctimas directas –detenidos desaparecidos y sus familiares- sino para con toda la sociedad ante la necesidad imperiosa de verdad y justicia. Según expresiones de la fiscal Mabel Colalonga, “…porque perdonar, olvidar estos actos inhumanos es contrario a todo orden legal, es contario a la civilización misma, es contrario a la esencia del ser humano y por eso estos son delitos de lesa humanidad…” (expresiones de Mabel Colalonga, fiscal en Los días del juicio. Pablo Romano, 2010, capítulo N°1). También se reactualiza el rol de la militancia, ya que con Sabrina Gulino entra en escena la lucha de la agrupación HIJOS que desde su conformación en 1995 lucha por los derechos humanos, la verdad, la justicia y la identidad, una lucha y una militancia donde el juicio y castigo a los culpables del terrorismo de Estado, tanto civiles como militares ocupó y ocupa un lugar central. Pasado-presente y futuro, tres temporalidades hilvanadas por un mismo imperativo, la necesidad y la concreción de justicia.
La tensión entre pasado-presente es constante en estas realizaciones, el pasado se reactualiza en cada testimonio, en cada uno de los capítulos, demostrándose la actualidad y significación constante de estos acontecimientos para/con nuestra sociedad. La fiscal Mabel Colalonga plantea en la sala de audiencias, “…estos señores vienen a decirnos que queremos traer el pasado al presente y yo les digo no, estos hechos son el presente, no los estaríamos debatiendo acá si no son presente y tanto son presente que no sabemos aún que pasó por ejemplo con el hermano de Sabrina y otros 17 desaparecidos que forman parte de las 28 víctimas que constituyen esta causa…” (expresiones de Mabel Colalonga fiscal, en Los días del juicio. Pablo Romano, 2010, capítulo N° 4).
En esta producción de Pablo Romano, la interrelación de las temporalidades también queda explicitada en los intertítulos escritos y colocadas en la parte inferior de la pantalla que marcan la ubicación temporal de los relatos en relación a la sentencia en el marco del juicio –se sobreimprime en pantalla la cantidad de días anteriores o posteriores con respecto a la sentencia-. A partir de este recurso se busca captar la atención del espectador y se mantiene el suspenso de la correlación del tiempo real que conllevó el proceso judicial. Se lleva al espectador a un estado de toma conciencia de las multidimensionalidades de tiempo que se cruzan, mezclan y superponen en estos procesos judiciales, no solamente pasado-presente sino también –lo que está por venir- el futuro próximo, que anuncia el inicio del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario.
Por su parte, las cámaras de Cappatto, Agusti y Gatto registran imágenes de los juicios en las salas de audiencias del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe y los testimonios que allí se brindan; entrevistan a los diferentes implicados en el proceso judicial; captan los recorridos de los testigos y querellantes en los reconocimientos de lugares donde estuvieron detenidos, fueron maltratados y torturados. Estos realizadores utilizan recursos muy similares a la serie de audiovisuales de Pablo Romano. Aunque hay un recurso novedoso que le otorga dinamismo y crea en el espectador la necesidad de esforzarse constantemente para poder completar y resignificar la imagen que de otro modo sería inacabada. Los realizadores de Proyecciones de la memoria (Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto, 2011) juegan recurrentemente con la proyección de imágenes en las paredes y en diversos ámbitos, completando situaciones e ilustrando las narraciones y relatos de los entrevistados en lugares íntimos y familiares. Por ejemplo, en el primer capítulo una de la querellantes, Patricia Traba narra cuáles eran sus ocupaciones antes de ser secuestrada y detenida, cómo era su vida, en esos momentos la cámara comienza a alejarse del primer plano de la figura de Patricia y el cuadro de la toma se va ampliando para mostrarnos un plano más general donde podemos observar proyecciones en la pared de la habitación (fotografías de jóvenes y de Patricia hace cuarenta años atrás realizando diferentes actividades y en distintos momentos de la vida) que se superponen y traspasan la figura de la testimoniante.
En múltiples momentos de la narración fílmica se recurre a este juego de espejos entre las imágenes proyectadas en las paredes y las imágenes que captan las cámaras en tiempo presente, en el aquí y ahora del testigo sobreviviente. Juego de espejos al mismo tiempo que juego de complementariedad y conjugación de tiempos, espacios y personas, una intromisión del pasado en el presente, como línea de continuidad entre aquel pasado que se hace presente y se proyecta ante nuestros ojos con necesidad de verdad y justicia. Aquí la estructura narrativa nos sumerge en la multidimensionalidad del tiempo que se entrecruza en el presente, en la actualización de cada relato y en la representación audiovisual misma. En el acompañamiento de los testigos en el reconocimiento e inspección de lugares de detención también se ve el entrecruzamiento de tiempos y espacios, “… fue desgarrador las inspecciones judiciales que se hicieron en la Comisaría IV, porque el edificio conserva aún la forma que tenía en aquella época, si bien las celdas no tienen el mismo uso que tenían en aquella época naturalmente, el edificio esta exactamente como en ese entonces y las víctimas al entrar al edificio, de alguna manera se emocionaron y revivían aquellos momentos tan duros que les había tocado vivir allí…” (expresiones de Martín Suarez Feisal fiscal, en Proyecciones de la Memoria. Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto, 2011, capítulo N°2).
Desde el primer capítulo de esta serie se da un lugar central a cinco mujeres. Mujeres que han sido las impulsoras incansables en la búsqueda de justicia y que son las querellantes en este proceso judicial. El primer capítulo centra su atención casi completamente en Patricia Traba, Silvia Abdolatif, Anatilde Bugna, Ana María Cámara y Stella Maris Vallejos, a partir de sus testimonios e historias de vida, nos presenta a estas mujeres como militantes, pero no sólo militantes de la década del ´70 sino militantes que siguen pugnando por los derechos humanos y la primacía de la justicia en el tiempo presente, con coherencia y espíritu de lucha, defendiendo la dignidad y la vida. El siguiente capítulo sigue retomando la voz de estas mujeres (que constituyen la parte querellante) pero además se incorpora el testimonio y las declaraciones de otros detenidos ilegalmente que ingresan a la causa como testigos para aportar información en la reconstrucción del accionar y el circuito represivo de las Fuerzas Armadas en Santa Fe que contaron con la colaboración de agentes de la policía provincial y del poder judicial, como es el caso de Víctor Brusa (secretario de juzgado por ese entonces). El tercer y último capítulo focaliza en el impacto del juicio en la sociedad santafesina, sus repercusiones y el entrecruzamiento de diferentes ideas y teorías en relación al pasado que se ponen en juego, se tensionan y superponen en las instancias del juicio, partiendo de la teoría de los dos demonios y pasando al terrorismo de Estado y el reconocimiento de la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas.
Básicamente esta serie se organiza a partir de relatos y testimonios de los diferentes actores sociales implicados en los procesos judiciales, se recurren a imágenes de la sala de audiencias, fotografías, filmaciones de reconocimientos de sitios y lugares identificados por los querellantes y testigos como lugares de detención y tortura, pero todos estos elementos son incorporados en la narrativa audiovisual como forma de aportar y justificar las expresiones vertidas en los relatos que se brindan para la cámara, en un encuentro directo entre los realizadores y testimoniantes. Ello nos lleva a aventurarnos y considerar a estos documentales con cierto predomino de la modalidad de representación interactiva, dando al testigo que habla delante de la cámara cierta libertad en la construcción del relato (Nichols, 1997); donde el relato se construye en el preciso momento del encuentro entre la cámara y quien recuerda, el testigo o testimoniante; ”Yo no sabía que, no había visto que se transmitía de ese modo, porque uno se ve diciendo y en el rostro y en los gestos es como que te va quedando marcado el relato… viste es toda otra cuestión. Rostros que están reflejando el horror que están narrando. Realmente a veces uno cree que no puede revivir el horror, pero a veces escuchándonos es fuerte…” (expresiones de Silvia Abdolatif querellante, en Proyecciones de la Memoria. Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto, 2011, capítulo N°1). En este fragmento se hace evidente el encuentro entre testigo y realizador, la interacción en el instante mismo del relato y registro cinematográfico, en ciertos momentos los realizadores utilizan intertítulos sobreimpresos en la pantalla que identifican al testigo (dotándolo de nombre, de identidad) y cuál es su situación en relación al juicio (querellante, acusado, fiscal, juez, abogado defensor) pero no nos da precisiones en relación al tiempo transcurrido del proceso judicial. En estos films el juicio es la excusa para conocer e interactuar con los actores sociales, sus relatos, vivencias y recuerdos. En este caso son los personajes (personas implicadas en los procesos judiciales) quienes son los portadores del discurso, construyen la narrativa que estructura el texto audiovisual. En estos films se representa a los sobrevivientes en tanto sujetos que han sufrido torturas, vejaciones, violaciones y atropello a todos los derechos que tenemos como seres humanos, pero no se hace hincapié en ello, sino que se presenta a estos sujetos como querellantes que luchan por el reconocimiento de sus derechos en el marco de instancias judiciales garantizadas por un Estado de Derecho. Los querellantes y testigos son personas que han continuado sus vidas basada en la militancia y la lucha por justicia y la reconstrucción histórica de lo vivido, atravesados por múltiples dimensiones que los cruzan como sujetos en tanto militantes de ayer y de hoy, con vidas rotas pero que se han podido reconstituir, regenerar a partir de la memoria y la justicia.
La existencia del testigo que sobrevivió a la tortura, las vejaciones, el tormento, inexorablemente nos lleva a repensar y reelaborar la historia desde una perspectiva compleja con múltiples entradas que supere una visión heroica o épica de las vivencias de los ´70 y la derrota sufrida en manos del terrorismo de Estado orquestado por las Fuerzas Armadas. Según Ana Longoni,
…Esos cuerpos sobrevivientes vuelven para contar y evidenciar la derrota en carne propia. Por otra parte, se construye una dualidad fuerte entre la figura del desaparecido como héroe y como mártir y su opuesto, la figura del sobreviviente como traidor. ´Si sobrevivió, algo habrá pactado, algo habrá dicho, a alguien habrá delatado´, eso es lo que se escucha y se piensa resonando y duplicando, de alguna forma, en el ´por algo será´ de los desaparecidos. Otra hipótesis, más coyuntural, tiene que ver con los organismos de derechos humanos, todavía en dictadura o en los primeros años de la democracia, que no reconocieron públicamente la condición militante de los desaparecidos (Longoni, 2007. Pag. 14).
Algo está cambiando al respecto, hoy encontramos más espacios donde se puede acceder a una problematización de la militancia, la ética y el sentido de las acciones del militante. Circulan discursos, narrativas y films que escapan a la sublimación del “héroe” como ejemplo de militancia, sino que se recupera la dimensión del sujeto enmarcado en una trama compleja de incertidumbres, deberes, anhelos, ideologías que lo llevaron a actuar según sus convicciones o posibilidades. Al mismo tiempo, es necesario escapar a los peligros de la visión de victimización de quien sufrió el daño, evitar los lugares comunes de victimización y autovictimización, nadie quiere ignorar o negar que los ex detenidos-desaparecidos que han sido expuestos a torturas y detenciones clandestinas no son víctimas, pero es necesario dejar de mostrarlos como sujetos “débiles” e indefensos, debemos corrernos de esa lectura estereotipada que simplifica los procesos históricos y dar paso al sujeto que sobrevivió a “aquel infierno”, que intentó restablecer sus vínculos e insertarse nuevamente al tejido social del cual fue arrancado. “Llevar adelante estos juicios fue parte de una responsabilidad que sentimos por ser sobrevivientes…” (expresiones de Patricia Traba querellante, en Proyecciones de la Memoria. Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto, 2011, capítulo N°1). En este sentido, ambas series de documentales logran restablecer el rol de la militancia del pasado y del presente, con ideologías, supuestos, valores, iniciativas y alcances múltiples en relación al pasado reciente y la construcción de la memoria.
Algunas consideraciones finales a partir de las representaciones audiovisuales
De manera sucinta y provisoria podríamos decir que desde estos audiovisuales auspiciados por el Estado provincial santafesino se promueve la construcción de la memoria basada en el reconocimiento de la existencia de un Estado terrorista que implementó un plan sistemático de exterminio hacia sus ciudadanos, dando por tierra con las ideas que sostienen la “teoría de los dos demonios” que ha dejado de ser una visión hegemónica sostenida desde el Estado –nacional tanto como provincial- como política de la memoria. Coincidiendo con lo planteado por Alonso en torno al surgimiento y consolidación desde el Estado de una nueva configuración imaginaria que promueve y sostiene la vía judicial como garantía de verdad. Se apuntala la reactivación de la vía judicial en el esclarecimiento y condena a los responsables y cómplices para/con los diferentes mandos militares y civiles cómplices; ello a través de políticas de la memoria sustentadas en políticas de justicia, pero que en el caso de Santa Fe van acompañadas con políticas simbólicas que refuerzan y fortalecen la idea de la preeminencia de un Estado de derecho.
A partir del desarrollo de estas políticas de la memoria en el territorio provincial santafesino podemos evidenciar cierta coordinación entre la sociedad civil y el Estado en pos de concretar iniciativas culturales que conlleven a la producción y circulación de productos culturales, en este caso los mediometrajes documentales. Consideramos estas iniciativas como ejemplos de caso a lo sostenido por la socióloga Ana Wortman (2005) cuando plantea que son necesarias propuestas de políticas culturales en la actualidad en Argentina y uno de los puntos fundamentales para ello, es coordinar las iniciativas de la sociedad civil con las intervenciones del Estado.
Consideramos a estos documentales como el resultado de políticas culturales y de la memoria que nos acercan una nueva forma de narrar/ representar el pasado, porque recogen cuestiones sobre la militancia y restablecen la condición político-militante de los sujetos objetos de vejámenes y torturas; hablan sobre el presente, las secuelas en las familias, los hijos y la sociedad; rompen con las ideas estereotipadas de héroes/mártires y villanos/cuasidemonios; confieren y otorgan significativa relevancia a los juicios, superando la lectura de mero resarcimiento a la víctima y castigo al victimario. Al tiempo que resaltan la importancia social e histórica de estos juicios enmarcándolos en el marco del Estado de derecho y valorándolos como instancias de justica que nos implica a todos y no a un sector de la sociedad.
Estos films suponen una actualización sobre el tema de “la última dictadura cívico-militar argentina”, complejizando la lectura del pasado, imbricando e interrelacionando relatos, dimensiones y contextos múltiples que convergen en estas representaciones de nuestro pasado reciente.
En definitiva, estos films deben perseguir la función que Suely Rolnik considera como esencial de toda práctica artística, la de actualizar sensaciones, hacerlas visibles y decibles, producir cartografías de sentido, llevando a la quiebra de las formas de existencia en vigencia, desestructurando los binomios de víctima-victimario, héroes-estigmatización de la víctima. Al actualizar nuevas perspectivas e idea-fuerzas se logra socializar las sensaciones, comunicando al colectivo social las nuevas composiciones de fuerzas que lo afectan y lo hacen derivar hacia nuevas configuraciones, representaciones y significados. Es sumamente apropiado tomar palabras de esta investigadora y psicoanalista cuando expresa que “…En la actualidad, algunas prácticas artísticas parecen manejarse de un modo especialmente eficaz con el problema planteado arriba. Su estrategia consiste en la inserción sutil y precisa en puntos de desgarramiento de la estructura social en los cuales pulsa una tensión por la presión de una nueva composición de fuerzas que piden paso…” (Rolnik, 2002; online). Idea-fuerza que resume con total precisión y potencia lo que estos films documentales, en tanto práctica artística están destinados a generar hacia el interior de la sociedad argentina contemporánea.
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Notas
[i] Santa Fe es una provincia Argentina ubicada en la zona centro del país, se halla en una zona agrícola-ganadera por excelencia, y cuenta con un elevado desarrollo industrial. Sus principales centros urbanos son la Ciudad de Rosario y Santa Fe, ciudad capital de la provincia. Según datos censales de 2010 esta provincia tiene un poco más de 3 millones de habitantes y es la tercera economía provincial (junto con Córdoba y Buenos Aires) que más aporta a la economía nacional. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, http://www.indec.mecon.ar/ Consultado el 15 de Marzo de 2015
[ii] Ficha técnica: Serie Documental: Los Días del Juicio. Dirección: Pablo Romano. Guión: Pablo Romano y Federico Actis. Una realización integral del Programa Señal Santa Fe. Secretaría de Producciones e Industrias Culturales. Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. 2010. Consultado el 20 de Diciembre de 2011 en Relevamiento de Documentales de Rosario 1969-2011 www.asociacionrosarinadocumentalistas.blogspot.com
[ii] Ficha técnica: Serie Documental televisivo: Proyecciones de la Memoria . Dirección: Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto. Guión: Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto. Una realización integral del Programa Señal Santa Fe. Secretaría de Producciones e Industrias Culturales. Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. 2011. Consultado el 20 de Febrero de 2012 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/10/18/escenariosysociedad/SOCI-03.html.
[iii] Ficha técnica: Serie Documental televisivo. Dirección: Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto. Guión: Betania Cappatto, Patricio Agusti y Gonzalo Gatto. Una realización integral del Programa Señal Santa Fe. Secretaría de Producciones e Industrias Culturales. Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. 2011. Consultado el 20 de Febrero de 2012 . http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/10/18/escenariosysociedad/SOCI-03.html
[iv] Cuando utilizamos la expresión “pasado reciente argentino”, es para dar cuenta del periodo de tiempo transcurrido entre los años 1976-1983, más concretamente a lo acontecido durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país cuando las Fuerzas Armadas toman el poder por la fuerza y llevan adelante un plan sistemático de desaparición forzada de personas basado en las detenciones ilegales, las torturas, las vejaciones, la apropiación de niños, la muerte y/o desaparición de todos aquellos individuos que se consideraban un obstáculo al modelo económico y político que se quería implantar. Estas acciones se califican de terrorismo de Estado ya que se corroboró la existencia, planificación y desarrollo de un plan sistemático para desaparecer y eliminar a toda persona que se considerase como opositor a las políticas impuestas.
[v] Las sesiones y audiencias podían verse en www.santafe.gob.ar/multimedia y www.cij.gov.ar
[vi] La Ley 23.492 de Punto Final es una ley argentina que estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penales responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar que no hubieran sido llamados a declarar «antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley» promulgada el 24 de diciembre de 1986.
[vii] La Ley de Obediencia Debida Nº 23.521 fue una disposición legal dictada en Argentina en junio de 1987, que estableció una presunción (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque si habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a los alcances de la ley) de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), durante el terrorismo de Estado y la dictadura militar no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida» (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).
[viii] Se conoce como los indultos de Menem una serie de decretos sancionados en octubre de 1989 y diciembre de 1990 por el entonces presidente de Argentina, Carlos Saul Menem, indultando civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura, incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985.
[ix] Nombre con el que se denomina y conoce comúnmente al proceso judicial realizado por la justicia civil (en oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985 contra las juntas militares que ocuparon el poder del Estado entre 1976-1983 por las graves y masivas violaciones de los derechos humanos en ese periodo.
[x] Para mayor información de las causas vigentes en desarrollo en el 2015 http://www.telam.com.ar/notas/201503/98885-a-39-anos-del-golpe-civico-militar-se-realizan-13-juicios-por-delitos-de-lesa-humanidad.html Consultado el 15 de Marzo de 2015;
Para conocer datos actualizados sobre los juicios http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/las-cifras-de-los-juicios-563-condenados-50-absueltos-y-casi-900-procesados/ Consultado el 15 de marzo de 2015.
[xi] Ello es casi una obviedad ya que no podemos considerar al Estado como un actor corporativo o burocrático uniforme, debemos considerarlo como un campo de pujas especificas que buscan imponer proyectos e intereses disimiles, representa relaciones de fuerzas dispares. Ante ello no hay un consenso en torno a las políticas de la memoria sobre el pasado reciente, ante ello nos encontramos con diversas formas de intervención tanto del ámbito nacional como provincial.
[xii] Para mayor información sobre los juicios concluidos y las causas que han tenido sentencia acceder a http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/137056/(subtema)/93806 Consultado el 2 de Marzo de 2015
[xiii] Diario El Ciudadano Web del 4/04/2015 Consultado el 4 de Abril de 2015 http://www.elciudadanoweb.com/santa-fe-nuevo-juicio-por-delitos-de-lesa-humanidad/
[xiv] El programa creado por Decreto Provincial 1927/2008, las medidas de protección podrán ser dirigidas o extendidas a familiares directos, a personas convivientes y a quienes por su relación inmediata así lo requieran. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xv] La provincia licitó obras para la recuperación del espacio en octubre del 2014, se calcula que por ese lugar pasaron entre 1800 y 2000 personas detenidas ilegalmente en la región entre 1976 a 1979 en el marco del terrorismo de Estado. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xvi] Creado por Decreto N°2775/2006, cuenta con informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones a los derechos humanos. Además de proteger los fondos documentales, uno de sus principales objetivos es aportar a los juicios por delitos de lesa humanidad para el esclarecimiento de los sucedido con personas detenidas /desaparecidas. A partir del Decreto N°1507/2011 la información contenida en el fondo documental tiene el carácter de información disponible en forma permanente a la cual se puede acceder en el Archivo Provincial de la Memoria. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xvii] Esta dependencia provincial tiene como funciones: colaborar con las víctimas, familiares, testigos, jueces, fiscales; también lleva adelante el proceso de identificación de personas desaparecidas y localización de Centros Clandestinos de Detención, para ello trabajan de manera conjunta con el Equipo Argentino de Antropología Forense; asesora y tramita los beneficios establecidos por las leyes reparatorias a favor de las víctimas del terrorismo de Estado, entre otras actividades. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xviii] Se trata de campañas para la recolección de muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina, estas muestras se utilizan para realizar análisis genéticos con el objetivo de identificar los restos óseos que han sido hallados en exhumaciones de tumbas NN. Además se facilita el trámite para aquellas personas que deseen que sus muestras de sangre formen parte del Banco de Sangre de Familiares. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xix] Se establece una pensión (estipendio de monto en dinero) mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que acrediten ser madres de hijos o hijas que hayan sido asesinados/as o se encuentren en situación de desaparición forzada como víctimas del terrorismo de estado. Promulgada el 12 de diciembre de 2012. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xx] Se establece una pensión (estipendio de monto en dinero) mensual no contributiva de carácter vitalicio para personas que acrediten que durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se hubieran encontrado privadas de su libertad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles o que hubiesen permanecido en prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo incluyendo los centros clandestinos de detención, tortura y/o exterminio, o sometidas a la justicia penal federal o provincial, o a tribunales militares, o a disposición del poder ejecutivo nacional y/o condenadas por consejo de guerra. Promulgada el 21 de noviembre de 2012. Ley Provincial 13298/2012 y el Decreto Provincial 0712/2013 que aprueba la reglamentación de la ley 13298. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xxi] Campañas de difusión que incluyen material gráficos, anuncios radiales y distintas actividades, sobre el derecho a la identidad y la necesidad de que las personas que nacieron entre 1975 y 1980 y tengan dudas, se comuniquen con Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario para plantear sus interrogantes. También se apela a aquellos que tengan algún dato para aportar sobre una posible apropiación, buscando generar conciencia de que todos podemos colaborar para la restitución de la identidad a los nietos y nietas aún no encontrados. http://www.santafe.gov.ar Consultada el 22 de Febrero de 2015.
[xxii] El Frente Progresista Cívico y Social es una amplia alianza electoral que se forma en 2006 centrada en el Partido Socialista y en grupos de la Unión Cívica Radical, con activa participación de la derecha a través del partido Demócrata Progresista hasta un menos trascendente apoyo por parte de la izquierda, con el Partido Comunista.
[xxii] http://www.santafe.gov.ar Consultada el 20 de Febrero de 2012
[xxiii] http://www.santafe.gov.ar Consultada el 20 de Febrero de 2012
[xxiv] Información del 3-07-2011. Consultada el 20 de Febrero de 2015 en http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/07/03/escenariosysociedad/SOCI-07.html
[xxv] Información del 17-09-2012. Consultada el 20 de Febrero de 2015 en http://www.lt10digital.com.ar/noticia/idnot/154168/senalsantafellegaranamasdeunmillondehogaresentodoelpais.html
También se puede acceder de forma abierta y libre a todos los materiales de Señal Santa Fe a través de YouTube ingresando a https://www.youtube.com/channel/UCs6aafRZBKlv4NPtuJUskLg
[xxvi] Se puede clasificar y catalogar a los films documentales de diversas maneras, según centremos la mirada en la modalidad de representación del texto fílmico; el realizador y las fuentes de financiamiento para el proyecto de realización; el sentido y finalidad que imprimen los films en las instancias de recepción; el texto fílmico como representación del mundo real; entre muchas otras. No se profundizará aquí en relación a este tema, pero es necesario marcar los múltiples recursos teóricos con los que contamos para clasificar y analizar a los films documentales en tanto representaciones de lo real.
[xxvii] “Los jueves habrá un espacio para los programas especiales producidos por Señal Santa Fe, el primero de ellos que saldrá al aire el 7 de julio, será “Proyecciones de la Memoria”, un documental que recupera las imágenes del primer juicio oral y público de lesa humanidad realizado en la ciudad de Santa Fe, entre septiembre y diciembre de 2009”. Extraído de El Litoral.com del 3-07-2011 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/07/03/escenariosysociedad/SOCI-07.html Consultado el 20 de Febrero de 2015.